Privatización de la Sanidad

La privatización de la sanidad
Carmen San José

En los últimos veinte años hemos asistido al impacto de la aplicación de las políticas neoliberales en los sistemas sanitarios públicos de los países de la Unión Europea (UE). Las reformas que se pusieron en marcha desde principios de los ochenta han tenido como objetivo básico abrir este sector público al mercado. Y no, como de forma reiterada se nos explica, "la necesidad de ahorro ante un envejecimiento de la población que conlleva el consumo cada vez mayor de unos bienes limitados".
Uno de los objetivos menos publicitados - por lo impopular - de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ( GATS, en sus siglas inglesas ) es la privatización de los grandes sectores públicos, de los últimos reductos del "Estado del Bienestar". Las reformas puestas en marcha en la enseñanza, los servicios sociales, la sanidad y también los referidos al medio ambiente - como la cada vez más importante gestión de los recursos hídricos - están orientadas en ése sentido.
En el caso concreto de la Sanidad, las medidas adoptadas por cada Estado han sido diferentes. Entre otras cosas, porque los sistemas sanitarios públicos no eran homogéneos. Sin embargo, las líneas seguidas para facilitar la privatización progresiva de los servicios de salud han sido bastante similares. Se comenzó por separar la gestión de estos sistemas de la autoridad sanitaria que los financiaba.
De esta forma la gestión fácilmente recaía en una empresa, lo que significa que automáticamente se aplicase el derecho mercantil en ese centro sanitario. Además, los nuevos gestores buscaban, por encima de cualquier otra consideración, la "viabilidad económica" del Hospital o Centro Sanitario, es decir, su rentabilidad económica, eludiendo cualquier control público tanto de sus cuentas como de la calidad del servicio prestado. A su vez, las administraciones sanitarias comenzaron a contratar algunos servicios fuera del sector público porque ofrecían mejores condiciones "económicas". Los primeros servicios en ser externalizados fueron la limpieza, cocina, lavandería, mantenimiento, laboratorios, etc. Más tarde fueron algunos servicios hospitalarios los que se desgajaban y se convertían en empresas autónomas, por último, algunos hospitales completos se transformaron en fundaciones, consorcios, o verdaderos trusts.
Por supuesto, en la "agenda" de las fuerzas privatizadoras también cuentan las economías de escala. Una gran corporación - pública o privada - puede obtener mejores precios y ofrecer mejores servicios. Por eso, aunque en la actualidad se apoye una política de diversificación y descentralización, es evidente que tras esta fase táctica inicial de desmembramiento y fragmentación de los hospitales públicos, sólo quedarán en el escenario unas cuantas empresas multinacionales de servicios Sanitarios que impondrán sus condiciones.
Estos cambios han supuesto para l@s profesionales sanitari@s de los Servicios de Salud un importante empeoramiento de las condiciones laborales, al implicar mayor grados de flexibilización laboral y pérdida del poder adquisitivo. Todo ha estado orientado al mismo objetivo: disminuir los costes laborales, propiciar la movilidad y la polivalencia, instaurando - de paso - mejores condiciones para posteriores fragmentaciones y privatizaciones.
Estas transformaciones - que en el fondo significan una vuelta al capitalismo decimonónico - se han justificado también como una necesaria "modernización" de los Sistemas Sanitarios, lo que - sorprendentemente - ha supuesto en muchas ocasiones desactivar buena parte de la oposición a estos cambios, y contar en otros con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios y de algunas "fuerzas de izquierda". A la opinión pública se la ha mantenido siempre cuidadosamente desinformada, recibiendo tan solo la publicidad "oficial" sobre "las mejoras" que se estaban llevando a cabo en la asistencia sanitaria. De forma simultánea se ha incrementado la presión publicitaria de las grandes multinacionales del aseguramiento sanitario en todos los medios de comunicación propiciando el "consumo sanitario" tanto de productos farmacéuticos como de tecnología punta.
Hoy día el cuidado de la salud constituye una mercancía con un alto valor añadido, y representa el tercer sector de la UE en cuanto a generación de riqueza, esto es lo que está en el punto de mira de la Comisión Europea, con el interés puesto en temas como la libre circulación de los pacientes o el empleo de la biotecnología. Sin que desde ninguna instancia europea se aborde el cómo dar respuesta a los verdaderos problemas de salud que tiene la población, desde las desigualdades en el acceso a las diferentes prestaciones cubiertas según las regiones, la deficitaria calidad asistencial de muchos de los servicios privatizados pasando por los copagos necesarios para obtener algunos cuidados.
Es necesario para cambiar el rumbo de las privatizaciones emprendidas que l@s ciudadan@s tomen conciencia que a lo único que conllevan estas reformas es la descapitalización y deslegitimación de los propios sistemas sanitarios públicos, la falta de calidad asistencial y la falta de motivación de los profesionales. La asistencia sanitaria pública va a quedar reducida a cubrir las contingencias que no son rentables a la medicina privada ( a ésta se le permite seleccionar a pacientes y patologías ) . En general, los países con sistemas sanitarios privados o mixtos, gastan más en sanidad - EEUU, Francia, Alemania-, que los países que mantienen servicios públicos, sin que por ello obtengan mejoras notables ni en la calidad asistencial ni en los indicadores sanitarios. Ya que, entre otros problemas, una parte muy importante de estos gastos, hasta un 25 % como es el caso de EEUU, un 20% en el caso actual del Reino Unido, se invierte en la enorme burocracia que estos sistemas originan.
Lenta, pero inexorablemente, los cambios habidos en los diversos Servicios de Salud están cubriendo sus objetivos: los diversos Gobiernos de la UE, desde la década de los 80, han disminuido - o no han incrementado- su participación en los presupuestos sanitarios, es decir; el porcentaje de gasto público que se dedica a salud no ha crecido como cabría esperar, si se tiene en cuenta, entre otras cosas, el ritmo de crecimiento de la riqueza en dichos países. En la actualidad son los "Planes de Estabilidad" y "alcanzar el déficit cero" lo que está sirviendo de justificación para que los gobiernos recorten gastos sociales.
Por otra parte, si lo que perseguían las reformas era ahorrar por las elevadas tasas de crecimiento de los gastos en salud, la solución pasa por implantar Servicios Nacionales de Salud en todos los países, puesto que sabemos que los países que los disfrutaron gastaban menos con similares resultados. Pasa también por una potenciación de las políticas sanitarias preventivas, que nunca serán rentables en sí mismas, pero sí como parte de una Política Sanitaria Integral ( La sanidad pública no "necesita" enfermos, pero la privada sí ).
Evidentemente, implantar Servicios Nacionales de Salud no era - ni es - lo que se busca con los cambios, con éstos se desea abrir nuevos mercados a las multinacionales del sector, tarea ésta que implicará la transferencia de fondos públicos al sector privado para la provisión de servicios sanitarios. Pero esto no se menciona en ningún documento oficial, ni tampoco la UE trabaja por un sector sanitario público que atienda a las necesidades de salud que tiene la población, cuyas diferencias y inequidades si conoce. Por eso es imprescindible que desde el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo se aborde este problema.
En los pasados encuentros que el movimiento antiglobalización tuvo en Barcelona la Asamblea de trabajador@s contra la globalización capitalista presentó un borrador de Carta de los Derechos Sociales para el siglo XXI que pretende recoger las líneas generales de lo que constituye un derecho fundamental, como es el de la salud, hoy día amenazado.
UN MODELO SANITARIO ALTERNATIVO
Sectores como el de la sanidad deben considerarse como estratégicos, quedar excluidos del mercado y, por lo tanto, erigirse junto a la enseñanza, servicios sociales, comunicaciones y los relacionados con el medio ambiente, en grandes sectores públicos dentro de la UE.
Todos los Estados miembros deberán asegurar a sus habitantes el derecho a la salud. Para garantizar ésto los países de la UE se dotarán de Servicios Sanitarios Públicos que aseguren a sus poblaciones cobertura universal y equidad en el acceso a unas prestaciones sanitarias de calidad. Un sistema de estas características debe financiarse solidariamente entre toda la población, atendiendo a sus niveles de renta. Es decir, mediante impuesto directos que dimanen de sistemas fiscales progresivos.
La gestión y provisión de los servicios sanitarios será pública. Se planificarán democráticamente los servicios de salud con la participación de ciudadan@s y trabajador@s del sector, de forma que la asistencia sanitaria de respuesta a las necesidades que en materia de salud plantea la población.
Los ejes básicos de los Servicios de Salud nacionales girarán en torno a la atención integral de la salud de las personas, primando aspectos de prevención y promoción de la salud, lo que incluye un mayor desarrollo del primer nivel asistencial como es la Atención Primaria de Salud.